Normativa aplicable

La Ley 7/2015, de 1 de abril, de los municipios de Canarias, define el marco jurídico para el funcionamiento de los entes locales en el archipiélago. Su objetivo principal es asegurar la autonomía municipal y fomentar la participación directa de los ciudadanos en los asuntos públicos locales. La ley regula temas clave como la organización de los ayuntamientos (plenos, alcaldías y juntas de gobierno), las competencias propias que deben ejercer, la creación de entidades supramunicipales como mancomunidades y áreas metropolitanas, y los procedimientos administrativos básicos. Es especialmente relevante para los ciudadanos, ya que establece su derecho a la información pública, la creación de boletines informativos municipales y mecanismos específicos para la participación vecinal, como los consejos de barrio y las juntas de distrito. Asimismo, moderniza la gestión mediante el impulso de la administración electrónica y define las reglas de transparencia para la actividad municipal. En definitiva, es la norma fundamental que organiza la relación entre el ciudadano y su administración local más próxima en Canarias, estableciendo estándares de eficiencia, sostenibilidad financiera y transparencia.

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