Normativa aplicable

La Ley 27/2013 de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local establece un nuevo marco jurídico para los municipios españoles, con el fin de clarificar competencias y evitar solapamientos entre distintas administraciones (el principio de 'una Administración, una competencia'). La norma impone criterios estrictos de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera, obligando a los ayuntamientos a calcular el coste efectivo de los servicios que prestan para garantizar su eficiencia. Asimismo, refuerza el papel de las diputaciones provinciales en la coordinación de servicios básicos para municipios pequeños, impone limitaciones estrictas al gasto de personal eventual y cargos públicos con dedicación exclusiva, y racionaliza la estructura de los entes instrumentales (empresas públicas o consorcios) para evitar el endeudamiento excesivo. Esta reforma afecta a la vida diaria de los ciudadanos al regular la prestación de servicios obligatorios, las tasas asociadas a ellos y la transparencia en la gestión de fondos públicos, buscando eliminar el desorden competencial que anteriormente dificultaba identificar qué administración era responsable de cada servicio.

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